¿Víctimas de un sistema gaseoso?

En los últimos años, las empresas peruanas han logrado expandirse por el territorio nacional. Algunas, con apetito de gloria, alzaron el vuelo y emprendieron la conquista del mercado internacional. Ajegroup, una de ellas, se ha lanzado a la piscina mundial con el propósito de convertirse en una de las 20 mayores corporaciones multinacionales del mundo en el 2020.

La multinacional peruana Ajegroup, que pertenece a la familia Añaños Jerí, comenzó su aventura en 1988 en la ciudad de Ayacucho. La formación técnica de los hermanos permitió que poco a poco fueran expandiéndose hasta conquistar todo territorio nacional, al punto de competir con poderosos conglomerados como Coca Cola. Actualmente, participa en los mercados de Vietnam, India, Canadá, República Dominicana, Venezuela, Tailandia, Colombia, Ecuador, México, Brasil y Costa Rica, y dentro de poco planea incursionar en China. Esta expansión veloz permitió que la empresa, en el 2009, tuviera un ingreso descomunal que superó los 500 millones de dólares.

Esta bonanza económica se ensombrece cuando se analiza los últimos comportamientos de la multinacional en el interior de nuestro país. Sin embargo, una de sus empresas, la embotelladora San Miguel del Sur S. A. C. (Kola Real de Huaura), viene siendo acusada por aparentes atropellos y despidos arbitrarios de su personal. Cuenta actualmente con siete plantas de producción, una de ellas instalada, hace más de cinco años, en el distrito de Huaura. Precisamente, en esta fábrica, la empresa de bebidas mantiene un fuerte conflicto con sus trabajadores, pues en el mes de junio del año en curso, la embotelladora despidió a 24 trabajadores, a pesar de que existía un convenio colectivo firmado por la empresa y el sindicato.

Los obreros manifiestan que tal medida era un atropello a sus derechos y, en consecuencia, arbitraria, porque vulneraba el acuerdo laboral. Asimismo, remarcan que la liquidación que se les adjudicó a cada trabajador despedido –un promedio de dos mil nuevos soles por el total del servicio que prestaron (que fueron cuatro), incluyendo la compensación por tiempo de servicios (CTS), bonificación extraordinaria y gratificación y vacaciones truncas– ha provocado malestar e incomodidad, pues, según señalan, es una suma insuficiente.

Por tal motivo, los miembros del Sindicato de Obreros, en coordinación con Construcción Civil y otros gremios sindicales, realizaron, días después, una protesta pacífica en contra de la empresa. Pero la embotelladora San Miguel del Sur fue aún más lejos, pues acaba, en julio, de prescindir de los servicios de otros 10 trabajadores, violando su compromiso de no deponer a más empleados de la fábrica.

Al respecto, Marco Brilloso Guerra, secretario general del Sindicato de Obreros, indica que se ha quebrantado los derechos laborales de los trabajadores, practicando la coacción (en el despido de junio). Del mismo modo, el secretario de organización Julio Rivera Luna remarca que la destitución obedece a que la empresa pretende imposibilitar un contrato estable en beneficio de los empleados de la planta de Kola Real. Por eso, con el apoyo del abogado de la Federación Nacional de Trabajadores en Alimentos, Bebidas y afines de la fábrica de Huachipa, Alexander Caballero, denunciarán a la empresa ante el Ministerio de Trabajo y Poder Judicial por coacción, incumplimiento del contrato de trabajo y por la liquidación, que consideran exigua.

Tratamos de concertar una entrevista con los altos dirigentes de la empresa, pero nos señalaron que no realizarían ninguna declaración al respecto. No obstante, la empresa, a través del administrador Carlos Salas Ramírez, subrayó en un medio de comunicación que el despido se debe a la reducción de la producción.

Pero, ¿cuál es el motivo que explica la política laboral de la Embotelladora San Miguel del Sur? ¿Qué dispositivos económicos justifican tal comportamiento empresarial? El economista Máximo Bendezú Rivera sostiene que las empresas, al buscar la máxima rentabilidad, promueven y practican la flexibilidad laboral con el propósito de proteger sus intereses. Estas políticas –señala– están sustentadas clara y sistemáticamente en la Constitución Política del Perú.

En efecto, el artículo 59 de la Constitución Política del Perú garantiza la libertad de trabajo y empresa; esto es, inestabilidad laboral, libertad del salario y facilidad del despido. Por consiguiente, la normativa constitucional explica el comportamiento de la Embotelladora San Miguel del Sur y no tanto la reducción de producción, como señala la empresa.

En tal sentido, parece ser que el vertiginoso crecimiento económico de la Embotelladora San Miguel del Sur y, por ende, de la multinacional Ajegroup no ‘chorrea’ entre los trabajadores ni en la jurisdicción provincial; por el contrario, reciben los embates de las malas ideas económicas y empresariales.

CIFRAS
32 trabajadores han sido despedidos en este año de la planta Kola Real.